Las instituciones denuncian que una sentencia del TSA viola la Constitución y abre la puerta al desmembramiento del patrimonio natural dominicano. SANTO DOMINGO, RD. – El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) se encuentra en estado de alerta máxima. La Academia de Ciencias de la República Dominicana y el Equipo Ambiental de la UASD han alzado la voz contra una reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que, según denuncian, pretende modificar los límites del Parque Nacional Jaragua para beneficiar a un particular.
Para la comunidad científica, este fallo no es un evento aislado, sino que se alinea con “pretensiones históricas” de diversos sectores para cercenar áreas de conservación en favor de intereses privados.
Un escudo constitucional bajo ataque
Las entidades advierten que la decisión del TSA ignora frontalmente el artículo 16 de la Constitución, el cual blinda nuestras áreas protegidas bajo tres conceptos jurídicos innegociables:
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Inalienables: No se pueden vender.
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Inembargables: No se pueden confiscar por deudas.
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Imprescriptibles: La protección no caduca con el tiempo.
De acuerdo con la ley, cualquier reducción de los límites de un área protegida requiere obligatoriamente una ley aprobada por las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso Nacional, un paso que la sentencia judicial habría omitido.
El “Efecto Dominó” sobre la biodiversidad
Lo que más preocupa a las comisiones es que el Parque Nacional Jaragua se convierta en el “paciente cero” de un proceso de desmembramiento progresivo. Si este precedente judicial se consolida, todo el sistema de protección nacional quedaría vulnerable.
“Ninguna sentencia puede poner en riesgo el bienestar colectivo. Las áreas protegidas proveen servicios esenciales: agua, aire puro, seguridad alimentaria y, por supuesto, la materia prima de nuestro turismo”, enfatizaron las entidades en su comunicado.
El llamado al Tribunal Constitucional
La Academia de Ciencias y la UASD confían en que el Tribunal Constitucional (TC) derogue lo que califican como una sentencia “improcedente e inexplicable”, cerrando definitivamente la brecha a la apropiación de los bienes públicos que resguardan el futuro climático y económico de la nación.
