Por Bolívar Mejía
Muchos piensan que las exigencias de dos propuestas de resoluciones del Ministerio de Turismo podrían dejar fuera del negocio de rentas cortas o Airbnb a miles de dominicanos que viven de ese negocio en el país y atenta contra la inversión que hacen los dominicanos en el exterior en bienes raíces, como una forma de emprender en su país de origen.
La iniciativa forma parte de un nuevo marco regulatorio, de carácter obligatorio para plataformas como Airbnb o Booking y será gestionada a través del Registro Nacional de Turismo (RENATUR); el recurso aún está pendiente de la firma del ministro de Turismo, David Collado, mientras que el plazo para recibir observaciones por parte de los interesados, venció este miércoles 22 de julio, ahora solo falta esperar qué pasará con este tipo de emprendedurismo en el cual incursionan los dominicanos en el exterior, por lo que algunos interpretan la medida como otro golpe a la diaspora.
Es razonable que el gobierno reciba impuestos por el ejercicio comercial de los ciudadanos dentro del país, pero en este caso, el estado no debe medir a los dueños de propiedades de renta corta, con la misma vara que mide a los empresarios hoteleros y en caso que lo haga, entonces debe crear mecanismos que faciliten el registro, no que lo compliquen y al mismo tiempo que permita a los propietarios de renta corta recibir las mismas facilidades que reciben los empresarios hoteleros en términos de exenciones fiscales.
Si la medida obliga a los Airbnb a cumplir con estándares de calidad hoteleros, se percibiría como una retranca a un sector en franco crecimiento, más que una disposición para proteger al turista, que usa este tipo de alojamiento, no solo por el costo, sino también con la intención de alejarse de la burbuja hotelera y vivir experiencias que los conecte de forma directa al ambiente social y cultural del destino que visitan, porque no es real que todo el que viaja se quiere hospedar en un hotel cinco estrellas o un resort todo incluido.
Un Airbnb es un contrato que se firma entre dos personas, un propietario y un inquilino, en este caso un turista o visitante, que se conectan a través de una plataforma digital a través de la cual se ejecutan los pagos. El estado debe garantizar que el propietario provea al turista el servicio que contrató, por lo que es pertinente que este tipo de negocios esté sujeto a inspecciones a la propiedad por parte del Ministerio de Turismo. Ahora bien, si MITUR obliga a los propietarios a presentar información y documentación excesiva sobre la propiedad entonces podría ser una evidencia de que, lo que se pretende con las medidas es ahogar el negocio de renta corta.
Ahora mismo este mercado ha crecido exponencialmente, mientras el sector formal de alojamiento hotelero cuenta en la actualidad con unas 90 mil habitaciones, en el país existen alrededor de unas 45,000 propiedades que se dedican al corto plazo, que incluye a Airbnb y otras plataformas similares, lo que representa una oferta masiva de más de 120,000 habitaciones, lo que al parecer puso nervioso al empresariado turístico y hotelero que los califica como competencia desleal, que no paga impuestos y hasta cierto punto tienen razón.
Muchos temen que las medidas planteadas para fiscalizar este tipo de emprendimiento, puedan provocar la salida de miles de alojamientos de renta corta del mercado nacional, afectando tanto a propietarios como a consumidores. Aseguran que al perderse por las restricciones estatales que se impongan, miles de unidades de hospedaje, los precios de los hoteles y de los alojamientos disponibles aumentarían, afectando la competitividad de la República Dominicana como destino turístico y limitando las opciones para los consumidores.
por su lado la plataforma global Airbnb respaldo la propuesta del Ministerio de Turismo para regular los alquileres vacacionales de corta estadía mediante el registro Nacional de Hospedaje Turístico (RENATUR), pero condicionó su apoyo a que el marco regulatorio establezca la diferencia entre la actividad residencial y la Hotelería tradicional, que al criterio de la plataforma no se deben regular con la misma normativa y como para curarse en salud, exigió que la regulación se apruebe a través del Congreso Nacional, lo que le daría carácter de ley a la medida.
Airbnb garantizó que otorgará un plazo de 60 días para que los anfitriones o dueños de propiedades se registren en RENATUR, luego de cumplir con los requisitos que se establezcan para regir este tipo de alquileres en el país, que beneficia no solo a los propietarios e inversores, sino también a los visitantes y turistas que buscan alojamiento que represente para ellos no solo pagar menos, sino también, pernoctar en un ambiente con la calidez de un hogar familiar.
La plataforma además se comprometió a retirar de su aplicación a las propiedades que incumplan con la normativa que se aprueben o incurran en malas prácticas. Ahora solo queda esperar cuáles serán los parámetros con que se evaluará y regirá este tipo de alojamientos, ya que al parecer MITUR pretendía aplicar las mismas reglas a los propietarios de renta corta, que las establecidas para los hoteles del país; entendemos que las reglas se deben ajustar a la naturaleza de la renta corta y garantizar que este tipo de negocios, opere, pague impuesto y se siga desarrollando con la misma pujanza con que lo ha hecho hasta el momento.
