Por Bolívar Mejía
Si la ley 108-10 o Ley de cine es una mafia que engaña al desvalido estado dominicano, es porque el gobierno no juega su rol, porque el papel del órgano que rige la administración pública, no es solo fomentar el desarrollo de los diferentes sectores del país a través de subvenciones, exenciones o concesiones, el deber del estado es fiscalizar, monitorear y velar para que los recursos se utilicen, en lo que se tiene que utilizar, y que generen el progreso que se espera en el sector invertido y para eso el gobierno cuenta con una cantidad de instituciones parásitas, que no realizan su labor.
El estado en sus más de 60 años de existencia “democrática” nunca ha sido fiscalizador y mucho menos ejecutor del régimen de consecuencias que establecen las leyes, haciéndolas cumplir; se ha quedado varado entre el asistencialismo y el paternalismo. Los organismos internacionales conceden dinero para proyectos de desarrollo, pero lo fiscalizan, porque fiscalizar es parte del abc de la administración de recursos públicos o privados; pero el estado dominicano se salta olímpicamente la fiscalización y luego se queja de que los recursos no se utilizan para lo que fueron dispuestos y por tanto decide anular las concesiones que entiende no le convienen al estado.
Quieren tomar al cine como chivo expiatorio, para arrebatarle al pueblo dominicano y al sector cultural una de las pocas reivindicaciones que ha logrado este pueblo, en más de 60 años de mal llamada democracia, porque los que han administrado este potrero, llamado República Dominicana, juegan a la carambola para hacer las cosas, nada se planifica, a nada se le da seguimiento, se desperdician a granel los dineros del pueblo y se actúa de acuerdo a cómo soplen los vientos, sobre todo en las redes sociales y los medios de comunicación, por eso vamos camino a ninguna parte y desde otras latitudes nos tienen que trazar el norte, que apunta hacia la llamada agenda 2030.
Yo como muchos otros, no estoy de acuerdo con el uso que le han dado a las exenciones provenientes de la Ley de cine, los que hasta ahora la han usufructuado, pero no quiero que la quiten, quiero que la regulen, que se establezcan reglas claras, la fiscalicen y la hagan más participativa, más equitativa y más rigurosa en cuanto a la selección de los proyectos que se aprueban, para que otros productores, con otros conceptos y otra visión, no solo la cómica televisiva, tengan la oportunidad de aportar al verdadero cine dominicano, que por el momento ha tenido poca presencia en la pantalla nacional, donde lo que se ve no es más que calcomanías del cine hollywoodense.
Acusan a los productores de cine de que estafan al indefenso estado. Los defensores a sueldo de la bendita reforma fiscal, se la cogieron con la dichosa Ley, pero no sé porqué, nunca mencionan a los empresarios copartícipe del chanchullo, es más, me atrevo a asegurar que la propuesta debió salir de algún empresario, porque son duchos en desvalijar al estado. Me parece escucharlo. “Mira muchacho, tú quieres hacer cine”. “Así es señor”. Le responde el productor. «Si me devuelves la mitad, te doy los cuartos». Y claro, ese productor que ve el cine como un ventorrillo, donde ganarse unos pesos aunque sepulte la industria, le importa un comino la calidad de la película que producirá a ritmo de comedias televisivas, y entra al juego de esquilmar al estado junto al sabichoso empresario.
Entonces uno se pregunta ¿ Y la DGCINE el órgano rector y ejecutor de la cuestionada Ley 108-10 para que esta? para que un grupo de cortesanos de la política, que saben tanto de cine, como yo de astrofísica, se soplen los mocos y se los limpien con papeletas, observando tranquilamente como el dinero del pueblo se mal utiliza, en perjuicio de una bendita ley que debió servir para robustecer la identidad visual dominicana y fomentar el desarrollo cultural de la nación.
Van a dejar sucumbir la Ley de cine, la destruirán porque los que se benefician de ella carecen del peso moral y las agallas suficientes, para echarse a las calles a defender lo que les ha beneficiado. A decirle al estado dominicano que es mentira que la Ley de Cine sea una carga para el gobierno, a pesar de que no se ha utilizado de la mejor manera, pero una parte de la ley, que es la relativa a las producciones internacionales que llegan a rodar al país, deja beneficios y por tanto, si el estado le da mil a la industria local de cine, para fomentar la cinematografía dominicana, la realidad es, que la industria le devuelve al estado cinco mil en derechos por impuestos, entonces el estado no está perdiendo como alega.
La ley 108-10 en estos 14 años que tiene de creada, ha permitido que el país cuente con una estructura cinematográfica, grandes estudios de producción, como Aldea, Quita Sueño, La Nave, Pinewood; estudios de postproducción como Pulpo entre otros y un amplio personal técnico criollo, que es el que contribuye a la reducción de costos de esas producciones que llegan, que al rodar o postproducir en nuestro país, se ahorran un dineral, al país llegan producciones de México, Colombia, Brasil, Jamaica, Haití, a rodar o postproducir sus películas, hasta ahí ha llegado la ley de cine y es un éxito innegable; antes de la ley, las producciones extranjeras eran escasas y ese dinero no se recogía y la gran cantidad de empleos que genera nuestro cine al día de hoy, tampoco existía, es eso lo que debe ponderar el gobierno, en vez de anular, debe corregir lo que este mal y hacer ajustes de control.
Los mercantilistas del estado conocen muy bien eso, y dicen que no van a anular el capítulo de las producciones extranjeras en la ley, que solo será mutilada en su órgano vital, que es el corazón de la misma y la razón para su creación, porque al perder la subvención para las producciones locales, la 108-10 carecerá del sentido que le dio origen, que es: “Estimular la realización, producción, divulgación y conservación de películas dominicanas, como medio para la diversidad cultural y como actividad de gran potencialidad económica”, como reza su encabezado.
La industria del cine dominicano ya es adulta, pero con el derrotero que tomó, no ha generado calidad en la mayoría de las producciones, lo que es motivo de justa queja, pero la solución no es quitarle los incentivos, debe ser, crear más controles, exigir más calidad y establecer un régimen fiscalizador que evite, que los recursos dispensados para las producciones cinematográficas deducibles de los impuestos, contribuya a la evasión fiscal.
Pero la pregunta del millón es la siguiente: En qué país del mundo, donde existe una Ley de cine, la producción cinematográfica es rentable? Si existen algunos, deben ser muy pocos y tal vez resulten rentables una o dos películas al año, no todas, ese podría ser el caso México cuya ley de cine viene de los años 50 con diversas reformas en el camino y cuando intentaron quitarle los financiamientos los gremios cinematográficos mexicanos echaron la pelea; tal vez Argentina, Colombia o Brasil, pero no creo que en otros paises del área resulte rentable la cinematografía en el sentido mercantilista que le quiere adjudicar el gobierno dominicano, sobre todo con la arrolladora maquinaria del entretenimiento de Hollywood abarcando todos los mercados del mundo.
Nuestros gobernantes históricamente menosprecian la cultura y el poder generador de negocios que tiene la misma, los que les rodean pseudos intelectuales también la menosprecian, por eso los mal aconsejan al respecto, aunque saben que la ley de fomento de la cinematografía es para eso, para que en los países pobres como el nuestro, los artistas audiovisuales con la ayuda del estado puedan desarrollar una industria del cine; lograrlo no cuenta con un tiempo específico en el calendario, ni la ley de cine o ninguna ley que yo sepa, surgen con tiempo de caducidad, y aunque así sea, aquí se viola todo, como la ley del anticipo que surgió por un tiempo y el gobierno que es el principal violador, la eternizó, pero también, contamos con un Código Penal que data de 1800 y eso no le quita el sueño a los políticos, porque al parecer un código penal obsoleto le genera beneficios al estado dominicano.
Pero si es por el mal uso de los fondos que se le suministran a un sector que se le debe cancelar la subvención, entonces los partidos políticos dominicanos no deberían ser subvencionados con las millonarias sumas que reciben, por las diabluras que hacen con los fondos para las campañas, y que tampoco se fiscalizan, el barrilito congresual no debería existir, las subvenciones de combustible a sindicatos del transporte y a grandes empresas deberían desaparecer y el estado, debería torcer el codo a los empresarios que se clavan el ITBIS evadiendo al fisco en las mismas narices de Hacienda y la DGII.
Si las concesiones caducan como dice el flamante ministro de Hacienda Jochy Vicente, este debería meterle mano a las arriba descrita ya que todas tienen mucho más tiempo ordeñando al estado, que la ley 108-10 que fomenta la cinematografía dominicana, de hacer eso, el gobierno recaudaría dos o tres veces lo proyectado en la odiosa reforma y se evitaría el trago de amarga bilis que supondrá la dichosa reforma, para la clase media y pobre del país. Pero no, es más fácil quitarle al pueblo lo que tanto le costó, su Ley de cine.
