Santo Domingo.-El sector empresarial de República Dominicana enfrenta una carga significativa en costos laborales adicionales al salario base, que está afectando la competitividad y limitando las oportunidades de empleo formal en el país.
De hecho, las estimaciones rondan en que esos costos pueden alcanzar entre un 55 % y un 64 % por encima del salario de un empleado. Es decir, que por cada 100 pesos que se le paga a un trabajador, la empresa tiene que poner entre 55 y 64 pesos adicionales.
Entre los principales componentes de estos costos se encuentran el seguro familiar de salud, aportes a las pensiones de los empleados, aporte al El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, pagos de preaviso y cesantía, vacaciones, bonificaciones y otros beneficios, detalló Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Junta Directiva de la Confederación Patronal de la República Dominicana.
Estos gastos representan una carga adicional que las empresas deben asumir al contratar empleados, lo que en muchos casos limita la capacidad de ofrecer mejores salarios y desincentiva la creación de nuevos empleos.
Además, el alto costo laboral se traduce en una menor competitividad, reduciendo la formalización del empleo. “El empleo formal es el empleo de calidad, es el empleo que te ofrece protección social.
Las personas que están en el mercado informal no aportan a la seguridad social y, por ende, no tienen esa sombrilla, no tienen esa cobertura.
Ya dentro de las empresas formales, tú tienes esa cobertura que también te hace que el empleado tenga más garantía”, explicó al argumentar que la propuesta presentada sugiere establecer un límite en la cantidad de años que se tomarían en cuenta para calcular la cesantía.
De esta manera, las empresas podrían tener un costo laboral fijo y predecible, lo que facilita una mejor planificación financiera y permitiría destinar más recursos a mejorar los salarios y contratar más empleados.
Derechos adquiridos
Un aspecto importante de la propuesta que resaltó Izquierdo al hablar con EL DÍA es la protección de los derechos adquiridos por los empleados bajo el Código Laboral actual.
Los empresarios han asegurado que cualquier modificación en la cesantía no afectará a los trabajadores que ya están contratados bajo el marco legal vigente.
Solo las nuevas contrataciones se regirían por las posibles nuevas normativa que plantean relativas a la cesantía.
