A más de una década desde que se construyeron en el país la carretera Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico, por un valor de US$305 millones, el gobierno dominicano ha desembolsado aproximadamente RD$19,095 millones como pago del “peaje sombra” al consorcio Autopista del Nordeste, S.A.
Para el período 2012- 2019 el Estado erogó a la empresa colombiana la suma de RD$16,419 millones, lo que equivale a más de US$282 millones.
Según el último informe proporcionado por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef), hasta el 2 de noviembre, el Estado dominicano pagó un total de RD$2,676 millones correspondiente al 2020, siendo este el monto más alto de los años contabilizados.
El contrato de construcción de las autopistas establece que la empresa encargada de su construcción y administración, la llamada Autopista del Nordeste, S.A., financiaría de forma directa el 80% del costo total de la obra, a cambio de que pudiera recaudar el 100% de los peajes en ambos trayectos por 30 años ininterrumpidos.
El llamado “peaje sombra” sale a relucir en vista de que las recaudaciones esperadas por la empresa en el flujo de vehículos por carretera no se cumplen, por tanto el gobierno dominicano debe compensar esa diferencia para obedecer con el “mínimo garantizado” establecido en el contrato.
De acuerdo con el informe “Autopsia Fiscal”, elaborado por el Oxfam en 2019, en los primeros ocho años de funcionamiento de la carretera, el Estado pagó a la empresa privada el doble de su inversión.
Todavía restan 19 años de concesión para que el contrato llegue a su fin y hasta el momento la empresa colombiana ha devengado del Estado dominicano más de US$328 millones, lo que supera a la inversión del capital privado en más de US$23 millones.
Antecedentes
En una carta remitida en 2008 al Congreso Nacional por el expresidente de la República Leonel Fernández, se establece que el Estado dominicano garantizó un ingreso mínimo a la entidad colombiana que le transfiere en un 100% el riesgo operacional del sistema vial.
En el documento también figura que según el modelo financiero de la obra el Estado dominicano obtendría ingresos por un monto de US$900 millones durante la vigencia del contrato, cantidad que correspondería a impuestos y excedentes del peaje.
No obstante, de acuerdo con un artículo publicado en Listín Diario por el economista Jonathan D´Oleo Puig, “el Estado dominicano sólo ha tenido pérdidas”, lo que se manifiesta en que desde inauguración de la carretera Santo Domingo-Samaná el pago del erario supera la inversión realizada por el consorcio colombiano.
En 2005 el Banco Mundial (BM) elaboró un estudio que atribuyó una alta tasa de rendimiento económico y social a la obra realizada en el nordeste del país, y otorgó una garantía para cubrir el 51% del valor de la infraestructura.
No obstante, los montos devengados por la entidad colombiana a través del Estado dominicano se han mantenido en constante aumento desde el 2019 hasta la fecha, debido a que no ha transitado la cantidad de vehículos estimados en el contrato.
El informe suministrado por el Sigef estima que para el 2021 el país tendrá que pagar la suma de RD$4,930 millones a la empresa de capital privado.
